Sheinbaum y la UIF confirman el congelamiento de las cuentas bancarias de Rocha Moya
CIUDAD DE MÉXICO. — El cerco financiero contra la red política acusada en Estados Unidos ha comenzado a operar en territorio nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmaron este 18 de mayo que las cuentas bancarias de Rocha Moya y de otros funcionarios de Sinaloa fueron bloqueadas de manera preventiva.
Puntos clave:
- La inmovilización incluye a Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa.
- La medida es preventiva y deriva de alertas automáticas del sistema financiero.
- La acción no implica una determinación definitiva de responsabilidad legal en México.
- El bloqueo responde a las órdenes de aprehensión giradas por Estados Unidos contra 10 políticos sinaloenses.
Alertas bancarias y el comunicado de la UIF
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó el bloqueo financiero y explicó que solicitó a la UIF emitir un comunicado para transparentar la situación. La presidenta aclaró que se trata de mecanismos automáticos activados por los bancos mexicanos debido a sus relaciones de corresponsalía con entidades estadounidenses.
Horas después, la Secretaría de Hacienda publicó el Comunicado No. 39 confirmando las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, detalla el documento oficial.
La dependencia precisó que estas medidas tienen carácter administrativo, por lo que los afectados conservan su Garantía de Audiencia y pueden hacer valer recursos jurisdiccionales para su defensa. Actualmente, la UIF analiza la documentación de las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la lista.
Escalamiento judicial y entregas voluntarias
El congelamiento preventivo en México es una respuesta directa a las imputaciones realizadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. Rubén Rocha Moya y otros nueve servidores públicos fueron acusados de narcotráfico y posesión de armas por, presuntamente, proteger a la facción de “Los Chapitos” a cambio de sobornos millonarios.
Además del gobernador con licencia, la lista de acusados incluye al senador Enrique Inzunza, al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a los exsecretarios estatales Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega.
El impacto de las investigaciones transnacionales se aceleró el pasado viernes 15 de mayo, cuando Mérida Sánchez y Díaz Vega se entregaron voluntariamente a las autoridades en Estados Unidos. Con este bloqueo de la UIF y las entregas en el país vecino, el caso ha comenzado a trasladarse de los esquemas de protección policial directamente hacia el núcleo financiero y político del Gobierno de Sinaloa.