Sheinbaum descarta riesgos tras entrega de exfuncionarios de Sinaloa a EE. UU.
CIUDAD DE MÉXICO. — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, minimizó el impacto legal y político que pudiera generar el caso Sinaloa en el Gobierno federal. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum descarta riesgos derivados de las posibles declaraciones de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exfuncionarios estatales que se entregaron a la justicia de Estados Unidos.
Puntos clave:
- La presidenta afirmó que la entrega de ambos exfuncionarios fue una decisión personal.
- Negó rotundamente que existan elementos para que EE. UU. declare a Morena como organización terrorista.
- Mérida y Díaz Vega son acusados de proteger a la facción de “Los Chapitos” a cambio de sobornos.
- Las entregas voluntarias trasladan la investigación judicial hacia el círculo financiero del estado.
Postura presidencial y defensa política
Desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo fue cuestionada sobre el nivel de exposición del Gobierno y de su partido ante una eventual cooperación de los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas del gabinete de Rubén Rocha Moya con los fiscales estadounidenses.
“Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo. Ninguno”, argumentó Sheinbaum Pardo.
Asimismo, la mandataria fue tajante al rechazar la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos clasifique al partido oficialista (Morena) como una organización terrorista a raíz de los presuntos vínculos de algunos de sus militantes con el crimen organizado, limitándose a responder: “No. Ningún riesgo”.
Desde que Washington hizo públicas las imputaciones a finales de abril, Sheinbaum ha mantenido la postura de que no se han presentado pruebas contundentes contra los políticos señalados.
Contexto bilateral y el avance del caso Sinaloa
La entrega voluntaria de Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega ocurre en un momento de alta tensión diplomática. Estas acciones se materializaron horas después de la llamada telefónica sostenida entre Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya agenda central fue la seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico frente a las crecientes presiones de Washington.
Ambos exfuncionarios forman parte de una lista de 10 servidores públicos —que incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya— acusados por autoridades estadounidenses de delitos de narcotráfico y posesión de armas por, presuntamente, brindar protección institucional al Cártel de Sinaloa.
Con la rendición de los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas, el caso judicial en Estados Unidos ha comenzado a escalar, moviendo el foco de las investigaciones más allá de los esquemas de protección policial para adentrarse directamente en el círculo financiero y político de la administración estatal.