Gobernador de Sinaloa acusado en EE.UU. junto a 9 funcionarios por narcotráfico
NUEVA YORK, EE. UU. — El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló una acusación formal donde destaca el caso de Rubén Rocha Moya, el actual gobernador de Sinaloa acusado en EE.UU. junto a una decena de funcionarios por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y uso de armas de alto poder.
Puntos clave:
- El gobernador de Sinaloa acusado en EE.UU. y otros implicados enfrentan penas de hasta cadena perpetua.
- La acusación, a cargo de la jueza Katherine Polk Failla, señala sobornos a cambio de protección política.
- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) frenó las extradiciones exigiendo pruebas contundentes.
- El caso desató un fuerte choque de declaraciones en el Senado de la República.
La acusación y la lista completa de implicados
A través de un comunicado emitido este miércoles 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detalló que los diez acusados presuntamente habrían conspirado con líderes criminales para importar grandes cantidades de drogas a territorio estadounidense, a cambio de cuantiosos sobornos.
Además de la figura del gobernador de Sinaloa acusado en EE.UU., la lista de los altos funcionarios señalados incluye a:
- Enrique Inzunza Cazarez (Senador de la República)
- Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán)
- Dámaso Castro Zaavedra (Fiscal General Adjunto)
- Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas)
- Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe de la Policía de Investigación)
- Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad)
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo” (Exmando policial)
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado” (Exsubdirector policial)
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito” (Excomandante)
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo.” — Jay Clayton, Fiscal Federal.
Amenaza de cadena perpetua y el freno de la SRE
De ser hallados culpables, el panorama legal es severo. Según el marco judicial estadounidense, el gobernador de Sinaloa acusado en EE.UU., así como el senador Enrique Inzunza y el alcalde Juan de Dios Gámez, enfrentarían penas de cadena perpetua o un mínimo de 40 años de prisión.
Ante la gravedad del anuncio sobre el gobernador de Sinaloa acusado en EE.UU., el Gobierno de México respondió a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La Cancillería informó que ya recibió solicitudes de extradición, pero determinó que no contienen elementos de prueba suficientes. Los casos fueron turnados a la FGR para su evaluación, emitiendo además un reclamo a la Embajada estadounidense por la difusión del caso.
En el Senado de la República, la noticia encendió los ánimos. La panista Lilly Téllez celebró la intervención extranjera afirmando que “es un gran día para México”. En contraste, el propio Enrique Inzunza rechazó los señalamientos, calificándolos de “falsos y dolosos”, y acusando que la imputación es un ataque político para golpear el proyecto de la 4T.

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