Sheinbaum responde a amenazas de Trump y exige reciprocidad en materia de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO. — El Gobierno de México emitió una postura firme frente a las recientes declaraciones provenientes de Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum responde a amenazas de Trump sobre una posible intervención estadounidense vía terrestre, exigiendo a la administración vecina asumir su responsabilidad en la prevención de adicciones, frenar el tráfico de armas y actuar con reciprocidad en las solicitudes de extradición.

Puntos clave de la declaración:

• El Gobierno mexicano defendió sus acciones internas, destacando decomisos, detenciones y desmantelamiento de laboratorios.
• Sheinbaum señaló la falta de medidas en EE. UU. para reducir el consumo de drogas y detener el flujo de armas hacia México.
• Ante el amago de nuevas acusaciones contra políticos mexicanos, la mandataria exigió la presentación formal de pruebas.
• México denunció una falta de reciprocidad: mientras ha extraditado a más de 90 personas, Washington no ha entregado a perfiles vinculados al huachicol y al caso Ayotzinapa.

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Defensa de la estrategia nacional y crítica al consumo en EE. UU.

La mandataria mexicana rechazó categóricamente los señalamientos del presidente estadounidense, quien advirtió previamente que si México no frenaba el narcotráfico, las fuerzas de su país lo harían. “Nosotros estamos actuando”, zanjó la titular del Ejecutivo, enumerando los resultados de su administración para mermar las estructuras financieras y operativas de los cárteles.

En contraparte, evidenció que el crimen organizado en territorio mexicano se nutre directamente del tráfico ilegal de armas proveniente del norte. Asimismo, hizo referencia a la reciente publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Washington. “Por primera vez reconocen que tienen un problema con el consumo de drogas. Tiene que haber una parte de reconocimiento del problema desde Estados Unidos”, apuntó.

Reclamo por extradiciones y exigencia de pruebas

En el marco de esta tensión diplomática, la presidenta también abordó las declaraciones del fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, quien adelantó la integración de nuevas acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado.

Frente a estas advertencias, la postura institucional fue directa: “Que envíen pruebas”. Esta exigencia se alinea con la defensa que el partido oficialista ha mantenido tras las órdenes de detención con fines de extradición giradas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales.

Finalmente, la mandataria reiteró la disposición de mantener la coordinación bilateral, pero denunció un desequilibrio en la cooperación judicial. “Queremos que ellos también cooperen, México ha enviado a más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Les hemos pedido que envíen a cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol. No han enviado a nadie. Les hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas al caso Ayotzinapa. No han enviado a nadie”, sentenció.