NACIONALESTADOS

Licencia del gobernador de Sinaloa: Aprueban 30 días de separación oficial para investigación

CULIACÁN, SIN. — Rubén Rocha Moya ha solicitado formalmente apartarse temporalmente de su cargo para permitir que la Fiscalía General de la República (FGR) lleve a cabo investigaciones en su contra. El Congreso estatal sesionó de forma extraordinaria este sábado para aprobar, por un periodo de 30 días, la licencia del gobernador de Sinaloa.

Puntos clave:

  • El mandatario estatal solicitó separarse de su cargo por un periodo de 30 días para enfrentar las indagatorias.
  • Yeraldine Bonilla, actual secretaria de Gobierno, fue nombrada mandataria interina por el Congreso local.
  • Al apartarse de sus funciones, el político pierde la inmunidad que lo protege de una eventual detención.
  • El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó y obtuvo una licencia por 10 días.

Renuncia temporal y el inicio de las indagatorias

El anuncio del mandatario se realizó la noche de este viernes, dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación formal por vínculos con el crimen organizado en contra de él y otros nueve exfuncionarios y funcionarios en activo.

En una rueda de prensa, Rocha Moya negó las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “Tengo la conciencia tranquila (…) Son falsas y dolosas las acusaciones en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de enfrente porque no los he traicionado ni los traicionaré”, aseguró, señalando que tomó la decisión para no perjudicar al movimiento de la Cuarta Transformación.

El retiro temporal de Rocha abre la puerta a una investigación de la propia Fiscalía General de la República (FGR). La mañana del viernes, Raúl Jiménez, fiscal de asuntos internacionales, explicó que la petición de detención con motivos de extradición realizada por el Departamento de Justicia estadounidense no estaba acompañada de la evidencia necesaria para acreditar un presunto delito.

A la par, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil —quien también figura en la acusación de EE.UU.— presentó una solicitud de licencia por 10 días ante el Cabildo, dejando a la síndica Ana Ramos como alcaldesa interina.

El perfil de Yeraldine Bonilla y su ascenso al interinato

Sesión del Congreso estatal donde se aprobó la licencia del gobernador de Sinaloa.

Para llenar el vacío de poder dejado por la licencia del gobernador de Sinaloa, el Congreso del Estado nombró este sábado a Yeraldine Bonilla como mandataria interina. Quien hasta ahora fungía como secretaria de Gobierno asumirá inmediatamente el cargo de su exjefe.

La ahora gobernadora ha construido una carrera legislativa y administrativa en los últimos años: ha sido diputada local en dos ocasiones, la primera por la vía plurinominal y la segunda por elección popular. Durante su último periodo legislativo, asumió la presidencia de la mesa directiva del Congreso, cargo que dejó posteriormente para convertirse en secretaria general de Gobierno, posición que legalmente la catapultó al interinato según la Constitución Política del Estado.

La designación será temporal, no mayor a 30 días, a menos que el Congreso local decida ampliar el periodo para que se desempeñe como gobernadora sustituta.

Choque legislativo por el nuevo nombramiento

La decisión generó un intenso debate legislativo. Irma Moreno Ovalles, líder del PRI en el Congreso, criticó la aprobación señalando que “aprobar a Yeraldine Bonilla es mantener el gobierno de Rocha Moya en el poder”. La legisladora argumentó que la separación del cargo llega tarde ante una crisis que ha dejado en 20 meses al menos 2,645 homicidios, 3,688 personas desaparecidas y una caída económica superior a los 70,000 millones de pesos.

En sintonía, la diputada priista Paola Gárate aseguró que la medida no resuelve la situación de fondo: “Esta licencia no cierra la crisis. Apenas la confirma”.

En contraste, la legisladora morenista Juana Minerva Vázquez González defendió la designación de Bonilla Valverde, calificándola como una “decisión consensuada, que busca garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo y dar certeza a la vida pública” de la entidad frente a la actual coyuntura.