Juez en Argentina ordena liberar al contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna
BUENOS AIRES, ARG. — Un juez en Argentina ordenó la liberación inmediata del penal de Ezeiza del contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna, tras dictarle una resolución de “falta de mérito”. El exmando naval, quien es buscado por las autoridades en México bajo acusaciones de huachicol fiscal, libró el proceso judicial en el país sudamericano por una cuestión de jurisdicción territorial.
Puntos clave:
- La justicia argentina dictó “falta de mérito” y ordenó su salida del Penal de Ezeiza.
- El juez determinó que no tiene jurisdicción para procesarlo por el uso de un pasaporte guatemalteco presuntamente alterado.
- La defensa advirtió que cualquier intento de enviarlo a México sería un acto ilegal.
- Agentes de inteligencia de EE. UU. (FBI y DEA) han solicitado reunirse con el exmando naval.
Falta de jurisdicción por pasaporte guatemalteco
La detención inicial del exmando naval en Argentina se debió a su ingreso al país utilizando documentos de identidad irregulares. Sin embargo, la autoridad judicial determinó que el pasaporte con el que el acusado ingresó fue emitido oficialmente por Guatemala.
Aunque actualmente se investigan posibles alteraciones en la fotografía y las circunstancias exactas de su expedición, la justicia argentina concluyó que carece de jurisdicción para procesarlo por este delito en particular, argumentando que la presunta alteración y falsificación del documento se habría cometido en territorio guatemalteco y no en Argentina.
Rechazo a la extradición y posible colaboración con EE. UU.
Horas antes de que se diera a conocer el fallo a favor de su cliente, el abogado defensor en el país sudamericano, Félix Helou, explicó que el exmando naval utilizó el documento guatemalteco impulsado por un “estado de necesidad”, tras lo cual solicitó asilo político, beneficio que le fue denegado por las autoridades migratorias argentinas.
Helou fue enfático al lanzar una advertencia sobre el futuro legal de su defendido, señalando que cualquier traslado o extradición hacia México —donde es requerido por la justicia por delitos relacionados con el huachicol fiscal— resultaría completamente “ilegal, aunque hubiese un acuerdo político” entre ambas naciones.
El caso tomó un giro internacional cuando la defensa confirmó que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos solicitaron formalmente reunirse con el contraalmirante. Tras reiterar la inocencia de su cliente ante los cargos mexicanos, el litigante dejó la puerta abierta a nivel internacional al adelantar que “siempre hay posibilidad de que colabore con Estados Unidos”.