LA Times revela que Estados Unidos investiga a Alfonso Durazo y cancela su visa
HERMOSILLO, SON. — Un reporte del diario Los Angeles Times dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos investiga a Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora. De acuerdo con la publicación, el mandatario estatal fue despojado de su visa estadounidense en medio de indagatorias penales por presuntos nexos con el crimen organizado.
Puntos clave:
- La visa del mandatario sonorense habría sido cancelada desde el año pasado.
- El exsecretario de Seguridad federal ingresa a territorio estadounidense mediante un permiso de “libertad condicional”.
- La investigación señala a Sonora como una importante ruta de tránsito de narcóticos.
- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también se encuentra bajo el mismo escrutinio.
Cancelación de visa y permiso médico especial
Según fuentes familiarizadas con el caso citadas por el medio estadounidense, la visa de Durazo Montaño fue cancelada el año pasado. A pesar de esta restricción, el gobernador sonorense de 71 años viaja regularmente a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado.
Para cruzar la frontera, Durazo utiliza un programa conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”. El diario destaca que esta herramienta legal y migratoria suele estar reservada estrictamente para personas que cooperan con las autoridades o que testifican ante un gran jurado.
El LA Times subrayó que Durazo es uno de los perfiles más altos bajo investigación, recordando su papel previo como titular de la Secretaría de Seguridad de México, donde fue pieza clave en el diseño de la estrategia de seguridad del sexenio anterior, en una entidad que funciona como un corredor principal para el tráfico de drogas.
Cambio de estrategia y contexto nacional
El caso de Alfonso Durazo no es aislado. El mismo reporte indica que Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, también perdió su visado bajo investigaciones por contrabando de combustible (huachicol).
Ambas acciones reflejan un giro drástico en la política exterior de la administración de Donald Trump, que ha redirigido su atención de los líderes de los cárteles hacia el enjuiciamiento de líderes electos en funciones sospechosos de involucramiento criminal.
Esta escalada, que comenzó en abril con la imputación por narcotráfico contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha generado fricciones con el Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado a los mandatarios de su partido, calificando las investigaciones estadounidenses como una campaña de desprestigio con motivaciones políticas que busca influir en las elecciones intermedias de 2027.