Detienen en EE. UU. a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa
TUCSON, ARIZONA. — El exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se encuentra bajo custodia federal tras ser arrestado en Arizona. Las autoridades estadounidenses detienen a Gerardo Mérida bajo severas acusaciones de mantener vínculos directos con el Cártel de Sinaloa y facilitar la importación de narcóticos a Estados Unidos.
Puntos clave:
- La detención ocurrió el lunes 11 de mayo de 2026 en Arizona.
- Enfrenta cargos por conspiración para importar drogas, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
- Se le acusa de recibir sobornos para proteger a la facción de “Los Chapitos”.
- De ser hallado culpable, podría enfrentar desde 40 años de cárcel hasta cadena perpetua.
Acusaciones y protección a “Los Chapitos”
Tras su arresto el lunes, el exfuncionario fue presentado el martes ante un juez federal en Tucson. De acuerdo con los registros judiciales, Mérida Sánchez —quien ocupó la titularidad de seguridad en Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024— conspiró activamente con el crimen organizado.
La acusación formal sostiene que Mérida recibió millonarios sobornos directamente de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. A cambio de los pagos, el exsecretario facilitaba información sensible, permitía el transporte transfronterizo de drogas y alertaba a la organización criminal con antelación sobre redadas policiales dirigidas a desmantelar laboratorios de estupefacientes.
Red de funcionarios e impacto político bilateral
El arresto se desprende de una acusación formal revelada el pasado 29 de abril en un tribunal federal de Manhattan. En dicho documento, Estados Unidos señala a diez funcionarios mexicanos de operar a favor del cártel a cambio de apoyo político y sobornos.
Además de Mérida, la lista de acusados incluye a su aliado político, el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzunza Cázarez.
Esta escalada judicial ha generado fuertes tensiones en la relación bilateral. Tras hacerse públicos los cargos, Rubén Rocha negó las acusaciones calificándolas de ataque político contra el movimiento gobernante, y presentó su renuncia el 2 de mayo declarando tener la conciencia tranquila.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó postura el 30 de abril señalando que no protegería a nadie que hubiera cometido un delito, pero advirtió: “Si no hay pruebas claras, es obvio que el objetivo de estas acusaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
Con información de Reuters.