El Plan B electoral es declarado constitucional; así impactará a municipios y estados
El Congreso de la Unión emitió este martes la declaratoria de constitucionalidad del llamado Plan B electoral, tras recibir el voto aprobatorio de 19 legislaturas estatales. Con este acto institucional, la reforma que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución se turna al Ejecutivo para su publicación oficial y entrada en vigor.
Puntos clave:
- Se establece un límite máximo de 15 regidurías por cada ayuntamiento en el país.
- El presupuesto de los congresos locales no podrá exceder el 0.7% del presupuesto estatal.
- Ningún funcionario electoral podrá ganar más que la Presidenta de la República.
- El Senado de la República reducirá su presupuesto un 15% de manera progresiva en cuatro años.
El aval del pacto federal y la eficiencia administrativa
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó que esta reforma es una expresión de la “voluntad soberana del pueblo” para perfeccionar la democracia y terminar con los privilegios burocráticos. La declaratoria se logró en tiempo récord, luego de que 19 congresos locales avalaran la minuta en menos de 24 horas.
Entre los estados que enviaron su voto aprobatorio destacan Baja California, Estado de México, Sinaloa, Veracruz y la Ciudad de México. Llama la atención que, en esta primera lista de validación rápida, aún no figura el Congreso de Sonora.
“El propósito es reducir gastos excesivos y corregir inercias burocráticas que por mucho tiempo se apartaron del beneficio público. Es necesario hacer más eficientes las instituciones.” — Laura Itzel Castillo, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
Topes salariales y austeridad en ayuntamientos
Uno de los cambios más profundos del Plan B electoral ocurre en la administración municipal. La reforma dicta que cada ayuntamiento será integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y un máximo de 15 regidurías, garantizando siempre la paridad de género y la igualdad sustantiva.
En el ámbito estatal, las constituciones deberán ajustarse para que el gasto de las legislaturas locales sea austero, fijando un tope del 0.70% respecto al presupuesto total de egresos de la entidad.
Finalmente, la reforma cierra la puerta a las prestaciones de lujo en el servicio público. Consejeros y magistrados del INE, organismos locales (OPLEs) y tribunales electorales tienen prohibido contratar seguros de gastos médicos privados, cajas de ahorro especiales o regímenes de retiro no previstos por la ley. Sus remuneraciones deberán ajustarse estrictamente al tabulador de la Presidencia de la República.