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CIDH alerta por reclutamiento infantil y crisis de desapariciones en Sonora

HERMOSILLO, SON. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó que la crisis de desapariciones en Sonora presenta una vertiente alarmante vinculada directamente con el crimen organizado: el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes para actividades ilícitas.

Puntos clave:

  • Sonora figura entre los 18 estados con mayor incidencia de reclutamiento infantil.
  • Seis municipios sonorenses destacan como focos rojos en este ilícito.
  • Menores sobrevivientes revelaron haber sido usados como combatientes o mensajeros.
  • La CIDH instó a considerar a estos menores como víctimas bajo el interés superior de la niñez.

Municipios sonorenses afectados por el crimen organizado

En su reciente informe “Desaparición de Personas en México”, el organismo interamericano ubicó a Sonora como una de las entidades más afectadas por la captación de adolescentes. De acuerdo con el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento, las células delictivas operan esta sustracción de menores con mayor fuerza en seis municipios clave del estado: Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado.

La CIDH sostiene que la autoría de estas desapariciones corresponde en gran medida a la delincuencia organizada. Testimonios de menores de edad sobrevivientes revelaron que, tras ser captados, fueron obligados a operar como combatientes, a participar en la preparación de estupefacientes o a fungir como mensajeros (halcones).

Causas del reclutamiento y falta de políticas claras

El informe detalla que, si bien en algunos casos el reclutamiento aparenta ser “voluntario”, en la realidad responde a un entorno de profunda vulnerabilidad. Los criminales aprovechan situaciones como la pobreza, la exclusión económica o la violencia física y sexual intrafamiliar para ejercer presión económica y de seguridad contra los menores o sus familias.

“Los adolescentes son de los más afectados en contextos de criminalidad organizada; dado que se encuentran en riesgo de ser captados y utilizados (…) exponiendo su vida e integridad personal”, detalla el documento del organismo.

Aunque a nivel nacional se contabilizan más de 128 mil personas desaparecidas hasta junio de 2025, la situación de la niñez requiere medidas especiales. La CIDH conminó a las autoridades a tomar acciones con carácter de urgencia para prohibir esta práctica y exigió que los adolescentes involucrados sean tratados estrictamente como víctimas.

El Gobierno de México argumentó contar con instrumentos como la Alerta Amber y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PANNA), el cual contempla el reclutamiento como una causa de desaparición. No obstante, la CIDH concluyó que la evidencia “no es clara” respecto a la efectividad de estas políticas para lograr la desmovilización, localización y recuperación de los menores.