CIDH presenta informe sobre la impunidad y la crisis de desapariciones en México
CIUDAD DE MÉXICO. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre niveles de impunidad “inadmisibles” tras documentar un fenómeno masivo y generalizado en el país. El organismo interamericano presentó un informe elaborado a lo largo de dos años, en el cual desglosa la crisis de desapariciones en México, señalando la profunda implicación del crimen organizado y la falta de respuesta institucional efectiva frente a esta grave emergencia humanitaria.
Puntos clave:
- La CIDH contabilizó más de 128 mil personas desaparecidas hasta junio de 2025.
- El informe emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano.
- Más del 95 por ciento de los casos denunciados terminan en la impunidad.
- Existen aproximadamente 70 mil cuerpos en espera de ser identificados.
- Se documentó el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en al menos 18 estados.
Un fenómeno sin precedentes en América
La presentación del informe en la capital mexicana estuvo encabezada por Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH y relatora para México. Durante una entrevista previa al evento, Pochak explicó que el documento incluye un análisis cuantitativo y cualitativo que busca identificar fallas sistémicas en la prevención, búsqueda, acceso a la justicia, atención a víctimas y políticas de memoria.
La funcionaria sostuvo que el organismo documentó un fenómeno masivo e indiscriminado, mayormente atribuido a la acción del crimen organizado. “No tenemos registro de ningún otro país de América que tenga este fenómeno de la desaparición de personas como tiene México”, afirmó Pochak, destacando que tampoco existe otro caso en el continente con una cantidad tan alta de cuerpos sin identificar bajo custodia estatal.
La relatora aclaró que, a diferencia de las dictaduras militares del pasado en la región, en México no se advierte una política estatal deliberada para cometer desapariciones. Sin embargo, precisó que la desaparición forzada no ha sido erradicada. “Hay casos directos de desaparición forzada, hay casos de desaparición por connivencia o por omisión, que la comisión tiene documentados”, aseveró.
El informe resalta que más del 95 por ciento de los casos terminan en la impunidad, lo que Pochak calificó como “inadmisible”. Esta falta de justicia, indicó, alimenta la desconfianza social hacia las instituciones y hace que la ciudadanía asuma una presunta complicidad del Estado.
Entre las 40 recomendaciones emitidas, la CIDH subrayó la necesidad urgente de fortalecer las capacidades forenses y de establecer un registro nacional único, sólido y confiable que no sea interpretado por los familiares como una política “negacionista” de depuración de cifras.
Reclutamiento forzado de menores de edad
Uno de los apartados más alarmantes de la crisis de desapariciones en México abordados por la CIDH es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado. El organismo señala que las desapariciones en este sector demográfico son un método utilizado por grupos criminales para captar mano de obra ilícita.
De acuerdo con los datos recabados en el informe “Desaparición de Personas en México”, esta práctica se concentra principalmente en 18 estados de la República. Entre los municipios con mayor incidencia destacan:
- Estado de México: Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli.
- Guanajuato: León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande, Salamanca y Yuriria.
- Jalisco: Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Tonalá y Lagos de Moreno.
- Sonora: Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado.
Sobrevivientes de este reclutamiento revelaron haber sido obligados a operar como combatientes, en la preparación de estupefacientes o como mensajeros (halcones). La Comisión advierte que, aunque en algunos casos el reclutamiento aparenta ser voluntario, en realidad responde a presiones por violencia intrafamiliar, pobreza, exclusión económica o amenazas directas contra los menores y sus familias.
Ante esta situación, la CIDH conmina al Gobierno de México a tomar acciones con carácter de urgencia. Aunque el Estado mexicano cuenta con herramientas como el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PANNA) y la Alerta Amber, la Comisión concluyó que la evidencia sobre la efectividad de las políticas públicas para localizar, desmovilizar y recuperar a los menores reclutados “no es clara”.